El gobierno nacional dio a conocer este martes el decreto de necesidad y urgencia através del cual entra en vigencia el «Régimen Procesal de la Acción Civil de Extinción de Dominio», mediante el cual se pretende recuperar bienes vinculados a la corrupción y el narcotráfico.

El decreto 62/2019, que lleva las firmas de Macri, Marcos Peña y todos los ministros del Gabinete, admite que el Estado deberá resarcir económicamente a todos aquellos acusados por un delito de ese tipo a los que le hayan decomisado bienes durante el proceso. Esto es porque el nuevo régimen habilita a incautar esos bienes antes de que exista una sentencia firme, una de las principales críticas que recibe por parte de la oposición y de especialistas en derecho.

Así lo establece el artículo 12 del régimen. «La sentencia firme de sobreseimiento o absolución dictada en sede penal, fundadas en la inexistencia del hecho investigado o en que dicho hecho no encuadra en una figura legal, obligará al Estado Nacional a restituir el bien o derecho a su anterior poseedor o titular o, de resultar imposible, entregarle un valor equivalente en dinero», indica el texto.

El decomiso de bienes sin sentencia es uno de los puntos más cuestionados del régimen y no son pocos los especialistas que consideran que será declarado inconstitucional, una de las razones por la cual el debate se trabó en el Congreso. El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez agregó otro punto cuestionable del DNU: «(la extinción de dominio) se puede promover contra una persona aunque ni siquiera se encuentre imputada en una causa penal, solo basta que se dicte una medida cautelar sobre un bien en un proceso penal». Así está plasmado en el artículo 4, que habla de personas imputadas «o no».

«Si el Estado se equivocó porque la persona fue absuelta en sede penal, sólo le devuelve lo apropiado pero no reconoce la procedencia de una indemnización por daños y perjuicios», agrega Gil Domínguez entre los puntos críticos de la norma. La devolución o indemnización también debería ejecutarse si existe un decomiso y posteriormente se declara inconstitucional el DNU.

fuente:La Política Online