El mejor amigo de Macri, Nicolás «Nicky» Caputo, desató un nuevo dolor de cabeza para el Gobierno tras quedar a un paso de ganar la licitación de las únicas dos privatizaciones que está llevando adelante el oficialismo.

A raíz de una denuncia del kirchnerismo la Justicia Federal imputó al primer mandatario argentino por intentar vender «a precio vil» las centrales termoeléctricas Ensenada Barragán y Brigadier López.

Junto a él, quedaron involucrados en la investigación los ex secretarios de Energía Juan José Aranguren y Javier Iguacel, el presidente de Ieasa -la ex Enarsa-, Mario Dell Aqua; el director ejecutivo y gerente de termoeléctricas de Ieasa, Alberto Raúl Brusco; el gerente de control de proyectos de Ieasa, Adolfo Marcelo Piccinini; el ex presidente de Enarsa, Hugo Balboa; y el empresario Ángelo Calcaterra, dueño de Iecsa, histórica empresa del Grupo Macri.

La causa, que está a cargo del juez Daniel Rafecas e investiga el fiscal Gerardo Pollicita, se origina a partir de una tasación de los bienes que según los diputados opositores le ocasionaría una pérdida de 400 millones de dólares al Estado.

Ante la consulta de este medio, fuentes oficiales optaron por no hacer comentarios y se mostraron muy nerviosos, transfiriéndose mutuamente la responsabilidad del asunto entre la secretaría de Energía y la estatal Ieasa.

Según la denuncia, la construcción de ambas centrales costó alrededor de 1.000 millones de dólares, y su precio de venta fue establecido casi en la mitad de ese valor, sin que se haya explicado de manera consistente las razones para ello. Además, el contrato con Iecsa e Isolux, encargadas de las obras, fue rescindido a fines de 2016, y el gobierno del presidente Mauricio Macri le entregó a Iecsa (empresa que el primo de Macri Angelo Calcaterra le vendió al empresario Marcelo Midlin) 1.600 millones de pesos en carácter de indemnización, es decir el equivalente en ese momento a 100 millones de dólares.

La denuncia agrega que dos gerentes de Iecsa, Alberto Raúl Brusco y Adolfo Marcelo Piccinini, que eran los directores técnicos de las plantas durante su construcción, inmediatamente después de la rescisión en 2016 pasaron a trabajar como integrantes del comité directivo de Enarsa, organismo encargado de llevar adelante el proceso de venta de las centrales, con lo que estuvieron «de los dos lados del mostrador», asegurando que el proceso concluya en las manos adecuadas.

Sin embargo, fuentes del sector indicaron a este medio que es muy difícil establecer un criterio de valuación que no genere cuestionamientos en ninguna de las partes. «Se puede contemplar el valor de realización de mercado, pero en general prevalece el criterio de valor económico del activo. Es decir, el flujo de fondos descontados al presente. Cuánto se espera que genere ese activo en un futuro, descontando por una tasa de descuento buscando el valor actual de beneficios netos», explicaron.

A su vez, otro de los interrogantes es el valor de las tarifas que determinarán los ingresos futuros de la compañía, con la posibilidad cada vez más latente de que una próxima administración pesifique los contratos. Esta preocupación está muy presente en las firmas energéticas, que también se vieron perjudicadas por el incremento de las tasas de interés y del riesgo país, que disparan los costos de financiamiento en tamaños proyectos.