En la actividad política como en todas las demás actividades humanas es necesario pagar un costo económico para poder desplegar acciones que sean pertinentes.

En el caso de la política democrática, la inversión financiera por realizar esas actividades no es para nada poca. Cualquier partido político tiene que obtener importantes sumas de dinero para financiar sus costos de funcionamiento pero, especialmente, sus costos de campañas, cuando estas son obligatorias. Tal situación es un problema irresuelto por las democracias contemporáneas. No hay un sistema que conforme a todas las partes,  ni a los partidos, ni a los dirigentes y candidatos, ni a los ciudadanos.  En el mundo se aplicaron  distintos sistemas como el que establece la financiación lisa y llana de sus gastos por parte de los partidos y candidatos. Otra modalidad es la financiación de toda la actividad política a cargo del estado, por entenderse que se trata de una función pública y por ende es el estado el que, con recursos públicos, financia la política. Otra modalidad, que para mi juicio, es la más sensata, consiste en financiar la política con recursos públicos y privados. Los fondos públicos resultan de los tributos que recauda el estado, los cuales son distribuidos según criterios variados, de acuerdo a los sistemas que imperan en cada país.

En Argentina, se paga por voto obtenido en las elecciones generales, un importe a los partidos políticos lo cual ayuda bastante pero no es suficiente. En el caso nacional también se financia una pauta publicitaria por parte del estado para la participación en las Paso Mientras que los fondos privados los asigna el mercado político, según la capacidad de recaudación que tenga cada  partido o candidato, entre los miembros de la sociedad civil. Esto nos lleva al debate sobre la relación que se genera entre los futuros funcionarios electos con los aportantes de campaña. Convengamos que los importes son millonarios, de modo que pensar que los afiliados comunes o simpatizantes usuales van a financiar la campaña con una pequeña cuota, es casi imposible. En realidad la financiación está en manos de las grandes empresas. Éstas aportan a cambio de obtener de los gobernantes electos algún beneficio, se supone. En tal caso el vínculo que se conformaría entre aportante y partido, aportante y candidato, después funcionario, podría viciarse de  sospechas. Así, por ende, es que  no hay un método que resuelva o conforme a la opinión crítica esta materia. Por lo pronto en Argentina se discutiría, prontamente, un proyecto sobre financiamiento privado, además del público,  para las campañas, que según se dice entraría en vigencia para ser aplicado en las elecciones generales nacionales del 27 de Octubre del 2019. En San Juan, respecto de las PASO, la ley no prevé ninguna clase de financiación. Se supone que los partidos y sus simpatizantes así como los candidatos deberían financiarse en la campaña con recursos propios. En rigor una comunidad política que está dispuesta a emprender una actividad política debería hacer previsiones, para financiar sus gastos de campañas. De hecho lo hacen.

Los partidos nacionales tienen sus recursos y aportes. Los candidatos además asignan recursos personales y reciben apoyo privado. Pero cuando de agrupaciones políticas menores se trata, la cosa se pone difícil. Una estrategia ha sido el recurso de los frentes electorales que permite a los  partidos con menores recursos,  aúnen esfuerzo con otros para su financiamiento. En general los  integrantes de Frentes Oficialistas, se ven beneficiado por  refuerzos indirectos de financiación, que aunque no provenga del estado, suelen emanar de la influencia que el calor del poder supone. El caso es que una política democrática con mayúsculas para Argentina, tiene aún, un desafío pendiente, entre otros, que es resolver cómo logra efectivamente  una modalidad transparente, equitativa, concertada, institucional, previsible y lícita para financiar la competencia electoral,  mejorando la calidad del sistema político.