Cuando se habla de agricultura en Argentina, se piensa en la trama productiva de la Pampa Húmeda especialmente.

Ella es la fuente principal de las exportaciones y por ende de las divisas. Esta actividad hoy como ayer ha sido básica para el desarrollo económico nacional, pero lo es sobre todo ahora porque desde hace ya varias décadas vivió una importante transformación. El cambio principal fue el denominado éxito del boom sojero, que se inició con el aumento de los precios de los commodity en el mercado internacional. Tal situación provocó que Argentina tuviera el porcentaje más alto de cultivo de soja transgénica en el mundo. Con este cambio la soja pasó a convertirse en  el principal cultivo anual. De igual modo hubo un crecimiento asombroso en la superficie cultivada. Se pasó de  30.766.460,5 ha sembradas en el año 1988 a 33.491.480,2 ha en 2002. Esta situación permitió la incorporación de la economía agrícola a economía de escala e insertarnos con fuerza en el mercado agrícola global.

El sector agrícola viene así a ampliar su nivel de producción de divisas y dada su importancia ha impuesto en cierta medida una injerencia ineludible en las políticas públicas sobre la materia, del estado argentino. No hace mucho tiempo en uno de los encuentros importantes de Agro negocios, el presidente del organismo denominado Asociación Internacional de Management de Alimentos y Agro negocios (IFAMA) expuso que Argentina poseía capacidad para alimentar a diez mil millones de personas para el año 2050.

Distintos estudiosos ponen como inicio del cambio en el sector agropecuario a las políticas públicas de estabilización del Gobierno del Presidente Carlos Menem (1989-1995). Tal  proceso de cambios supuso una serie de medidas como la liberalización, significaron la eliminación de regulaciones sobre el sector- junto al  desmantelamiento de organismos de control-, eliminación de retenciones, aprobación de contratos accidentales de arrendamiento-lo que expandió la inversión del capital geográficamente. Por otra parte a partir del año 1996, se contabilizaron cambios tecnológicos con la introducción de las llamadas biotecnologías (soja transgénica, glifosato, siembra directa, etc.), la gestión gerencial de la producción, la fuerte intervención del capital financiero (AFJP, fideicomisos, etc), el surgimiento de pool de siembras que se gerenciaban con estudios de agronomía y la incorporación del capital extranjero-que terminó rompiendo los sistemas locales de pequeños y medianos productores que no podían acceder a la gran inversión-. Todo ello provocó una importante  concentración de la tierra y una expandida brecha entre las empresas. A partir de entonces hay  nuevos protagonistas, como las grandes empresas productoras de oleaginosas -soja, trigo y maíz- que explotan más de un millón de hectáreas sin contar las que controlan en el los países limítrofes: Los Grobo, Cresud, Msu, Adecoagro, Calyx Agro, Arcor, Agd, Unitec Agro, entre otros. Estas nuevas empresas se basan en una estructura especializada, terciarizan la siembra, almacenan cultivos, diversifican, se vinculan con el capital financiero, incorporan alta tecnología, redes productivas y coordinan con diferentes instituciones de conocimiento, gerenciamiento, arrendamientos.

Sin embargo no todas son loas para el modelo productivo de los agros negocios. Se pone en la mira que el  desarrollo agrícola se sustenta en cultivos transgénicos, lo cual genera dependencia de agro tóxicos y semillas genéticamente modificadas, que  provocan mayor dependencia del sector de inversiones extranjeras y de capital financiero de especulación. También suele afirmarse que una de sus consecuencias del desarrollo es el  incremento del sesgo primario exportador de nuestro modelo productivo, que no fue modificado por  el gobierno neodesarrollista. Las políticas actuales, no han sido muy significativas, pero se ha seguido  profundizado el modelo, sobre todo con la disminución de las retenciones a la exportación y la eliminación de cupos, entre otras que benefician a los grandes exportadores. Pero a partir del acuerdo con el FMI, el gobierno de Macri restableció  retenciones  bajo la forma de pesos por cada dólar exportado, lo cual, obviamente, fue bastante criticado por los empresarios del sector.

En referencia al gobierno anterior, si bien  el conflicto del campo significó un cimbronazo para la política neodesarrollista, no puede dejar de considerarse la introducción de  regulaciones al comercio exterior mediante la asignación de cupos y un esquema de retenciones, así como refuerzos presupuestarios para las investigaciones del INTA, como otras medidas importantes a saber la creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP), la elaboración del Plan Estratégico Agrícola 2020 y numerosas  leyes como las del   Régimen de Trabajo Agrario (Ley N° 26.727), la de  extranjerización de tierras y la Ley de “Reparación histórica de la agricultura familiar para la construcción de una nueva ruralidad en la Argentina” (Ley N° 27.118).