El problema de las drogas afecta a todos los países en la actualidad. Se trata de un flagelo que tiene aristas pluridimensionales. Es, por un lado un problema de salud, por otro lo es de economía, de política, de geopolítica y  también es social y jurídico, obviamente. Su gravedad, entonces, es múltiple porque afecta muchos ámbitos a la vez. En el año 1974, se sancionó la ley 20.771, que fue la  primera en tomar en cuenta el consumo de estupefacientes. En el año 1989, se dictó la ley  23.737, llamada “Ley de Drogas”. En el año 2016,  se sancionó la ley 27.302 y en  el mismo  período se  creó la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR), dependiente de la Presidencia de la Nación.

En materia de consumo de drogas, ciertos informes publicados, apuntan que se consumen en Argentina, entre 1.341 kilos de cocaína promedio  y se necesitan 86 toneladas de  marihuana para atender la demanda. Las ganancias se calculan en más de mil millones de dólares.

En cuanto al tema de si las atención está puesta en el consumidor o en el traficante, se indica,  según  fuente de la  Procuraduría de la Narco criminalidad, que sólo el 3,4% de las causas judiciales  iniciadas son por contrabando y las  causas  que se inician por  tenencias de drogas para uso personal es del  41% del total. Ésta es la razón por la cual movimientos sociales reclamaron  despenalizar la tenencia para uso personal y solicitaron  que  el estado se concentrara en la persecución de los verdaderos responsables de la circulación y producción de los estupefacientes.. Ello provocó que en al año 2007, durante el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner, se iniciara una serie de medidas a instancias del Ministerio del Interior en pos de transformar la política de drogas. A tal fin se creó el “Comité Científico Asesor en Control del Tráfico Ilícito de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas y Criminalidad Compleja”, que propuso modificaciones legislativas  pero hubo tal  disparidad de posiciones sobre la materia, incluso en el propio gobierno, que  no se logró ningún cambio importante. Hoy, este debate, entre prohibicionistas y partidarios de la despenalización, ha sido desplazado de la agenda  pública. No obstante, recientemente fue aprobada por las Cámaras, otra demanda: el uso del aceite de cannabis con fines medicinales

En torno a los consumos, estudios del Sedronar, publicados por un importante diario nacional, indicaban, en el año 2017 en la Argentina, el 18,8% de los consumidores anuales de marihuana tienen síntomas de adicción.  Asimismo se indicaba que de las doscientos setenta y ocho mil personas, que ese porcentaje significa, solo diecisiete mil, ingresaron a los tratamientos de salud. Otro dato relevante es  que una de las substancias que  se incorporó al consumo argentino, en años anteriores,  fue la anfetamina denominada éxtasis. Al respecto si se toma la cantidad de población, muchos informes ubican a la  Argentina como el primer país en consumo del éxtasis en Suramérica.  Finalmente en cuanto al  “Paco”, se afirma que  se calcula en más de ciento cincuenta mil a los consumidores, agregándose que hay muchísimas personas,  que consumen varias dosis diarias.

El aspecto criminal del problema de la droga  nos indica que la producción, la distribución y comercialización de la misma  es un  negocio que está  en manos del  crimen organizado y tiene carácter trasnacional. Sobre Argentina, se afirma, es un país de tránsito y reembarque. Por nuestro territorio se desplaza droga que luego se reembarca hacia Europa y también hacia los EEUU. Hay droga que proviene de Bolivia, Perú y Colombia que luego se envía a esos destinos apuntados.  Sin embargo aquí  queda una gran proporción de esos cargamentos que se usarán para  el consumo doméstico.  Un dato a destacar es que las drogas también requieren de precursores químicos para su fabricación.  Sin ellos no se puede generar el producto final. Nuestro país está considerada por los investigadores de los EE UU, como un país en dónde se fabrican precursores químicos  para la producción de drogas ilícitas que después son enviados al exterior.

En la actualidad, más allá de la espectacular puesta en escena de los secuestros de  drogas contrabandeada, su quema pública en los hornos del estado y un  discurso severo en contra del crimen organizado,  hay múltiples  ambivalencias en las políticas públicas ejecutadas en la lucha contra el narcotráfico y la drogodependencia. Pues, las políticas como la ley de derribo y la adopción de estrategias promulgadas por DEA estadounidense, bien podrían convivir con el principio de respetar los derechos humanos evitándose  avanzar con políticas como la disminución de la edad de punibilidad en niñas, niños y adolescentes,   restricciones en política migratoria, ajustes  de  programas socioeducativos, de Prevención de Adicciones, presupuestos de Salud Pública, u  otras variadas formas de disminución del gasto social preventivo. Ni hablar de la insensible política económica que provoca cada día más pobres. La sola  política coercitiva y punitiva no atiende a la complejidad del fenómeno, este requiere ser mirado integralmente,  priorizando y punitiva no atiende a la complejidad del fenómeno, este requiere ser mirado integralmente,  priorizando la vida y la preservación de los seres humanos.