El despliegue de militares armados y de dispositivos de la policía uniformada no logró frenar la furia de los centenares de manifestantes que tiene a varias ciudades de Chile sumidas en un verdadero caos. Hasta el momento se registran 11 muertos y más de 2.000 detenidos.

La crisis se desató cuando, por recomendación de un panel de expertos del Transporte Público, el gobierno del presidente Sebastián Piñera decidió subir el precio del pasaje del Metro en 30 pesos, llegando a un máximo de 830 pesos (US$1,17 aproximadamente). A modo de protesta, estudiantiles comenzaron a realizar «evasiones masivas» en el metro, levantando torniquetes para ingresar a los andenes sin pagar.

La situación fue agravándose a partir del viernes cuando la violencia se tomó las calles de la capital chilena, Santiago, con quema de diversas estaciones de metro y buses, saqueo de supermercados y ataques a cientos de instalaciones públicas. El gobierno, entonces, decretó estado de emergencia, lo que significó el despliegue de los militares quienes, además, ordenaron toque de queda la tarde del sábado.

A partir de esto, el presidente Piñera se vio forzado a ceder y anunció, en la noche del sábado, la suspensión del alza en la tarifa del metro afirmando que había escuchado «con humildad la voz de la gente». Sin embargo, ninguna de estas medidas y anuncios atenuó la furia de los chilenos. El domingo, ciudades como Santiago, Valparaíso y Concepción amanecieron con graves daños en edificios y espacios públicos, además de paros en puertos y cortes de carretera.

Las autoridades extendieron el toque de queda en la Región Metropolitana de Santiago, desde las 19:00 hora local, (20:00 ARG)  hasta las 06:00 (07:00 ARG) del lunes; y en las regiones de Concepción y Valparaíso, desde las 20:00 hasta las 6:00 del lunes. Además, se suspendieron las clases del lunes en Concepción y en 43 comunas de Santiago.

Poco después, el ejército de Chile también anunció toque de queda desde las 20:00 del domingo hasta las 6:00 del lunes en las ciudades de Coquimbo y La Serena, ubicadas a unos 470 km al norte de Santiago; y en Rancagua, unos 90 km al sur de la capital. Pese a todo, las manifestaciones no parecían apaciguarse.

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Políticos y expertos han afirmado que el alza de la tarifa del metro es solo la «punta del iceberg» de los problemas que están aquejando a los chilenos. La palabra «desigualdad» se ha apoderado del debate en estos últimos días, con cientos de manifestantes insistiendo en que la brecha social en el país sudamericano es desmedida.

Según reveló la última edición del informe Panorama Social de América Latina elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el 1% más adinerado del país se quedó con el 26,5% de la riqueza en 2017, mientras que el 50% de los hogares de menores ingresos accedió solo al 2,1% de la riqueza neta del país.

Por otra parte, el sueldo mínimo en Chile es de 301.000 pesos (US$423) mientras que, según el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, la mitad de los trabajadores en ese país recibe un sueldo igual o inferior a 400.000 pesos (US$562) al mes.

Con este salario, los manifestantes alegan que un alza en el pasaje del metro es inconcebible. Más aún si se considera que el transporte público en Chile es uno de los más caros en función al ingreso medio. Así lo determinó un reciente estudio de la Universidad Diego Portales, de un total de 56 países alrededor del mundo, Chile es el noveno más caro.

Así, hay familias de bajos recursos que pueden gastar casi un 30% de su sueldo en transportarse, mientras que dentro del nivel socioeconómico más rico, el porcentaje de gasto puede ser menos de un 2%.