Los manifestantes protestan contra las políticas laborales y pensionales que podría llevar a cabo el presidente Iván Duque, a pesar de que el Ejecutivo afirma no haber aprobado nada todavía.

El paro nacional que se inicia este jueves en Colombia en contra del llamado «paquetazo de Duque» ha estado precedido de allanamientos a organizaciones sociales y fuerte presencia de los cuerpos de seguridad del Estado en las calles, lo que ha sido catalogado por sus organizadores como «tratamiento de guerra, persecución y criminalización de la protesta».

Los días previos han estado marcados por los reiterados desmentidos del presidente Iván Duque sobre las supuestas reformas laborales y pensionales que haría su Gobierno y los llamados de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez a estar alertas ante los «intereses de otros» que quieren «destruir a Colombia como lo han hecho en Chile y Ecuador».

Por otro lado, la tensión se elevó con los allanamientos «preventivos» en busca de «material terrorista» en medios de comunicación y colectivos y con el reforzamiento de la presencia de los militares en las calles, mientras que la frontera está cerrada desde la medianoche del martes.

Censura a medios

Distintas organizaciones sociales, movimientos sindicales, figuras políticas y partidos han rechazado los allanamientos que han hecho las autoridades a colectivos que han participado en las movilizaciones anteriores en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali. De igual forma, se ha alertado sobre acciones en contra de quienes distribuyen en volantes y carteles propaganda a favor del paro.

Entre los afectados se encuentra la revista cultural Cartel Urbano, el colectivo gráfico Puro Veneno —que hizo un grafiti ‘¿Quién dio la orden?’ sobre las ejecuciones extrajudiciales o ‘falsos positivos’ en Colombia entre 2000 y 2010, y que fue borrado por las autoridades—, y otros grupos como La Otra Danza ColectivoAk al Konvate y Subversión.