Término la  luna de miel con los jubilados parece haber concluido. En vísperas de la aprobación del proyecto de emergencia en el Senado, los principales referentes del sector salieron a rechazar los cambios en materia previsional por considerar que implican un ajuste sobre los haberes de un sector significativo de los 5,7 millones de pasivos y la pérdida de derechos adquiridos, como la movilidad de sus ingresos garantizada por la Constitución.

«Apostamos a Alberto Fernández y no cumplió lo que dijo en campaña», dijo  el secretario general del Sindicato de Trabajadores Pasivos, Horacio Burgos. «Esto es un ajuste y lo estamos pagando, a lo mejor el Fondo sigue pidiendo la cabeza de los jubilados pero a nosotros no nos convocó nadie», señaló el dirigente de la entidad conformada el año pasado con apoyo inicial de varios gremios de la CGT.

Durante la campaña, la organización participó de la comisión de Seguridad Social del Frente de Todos y elevó sus propias iniciativas al ahora jefe de Gabinete Santiago Cafiero y a Alberto Fernández. El documento contenía una mejora en las jubilaciones, la entrega gratuita de medicamentos y el retorno a una fórmula de movilidad mejor a la actual. Pero ahora se sienten decepcionados con las modificaciones en marcha.

Una de las principales medidas que genera descontento es el anuncio de un bono extraordinario de $5.000 en forma escalonada para los jubilados que perciben la mínima hasta los $19.068. El Gobierno otorgará esas sumas antes de fin de año y en enero para compensar la pérdida de hasta 25 puntos en los últimos cuatro años, pero el sindicato afirma  que la decisión perjudica al resto de las escalas por encima de ese tope.

«Entendemos que el 20% es para todos y no solo para la categoría mínima, el poder adquisitivo lo perdimos todos», aseguró Burgos. Pese a su alineamiento con el Gobierno de Fernández, la entidad gremial se declaró en alerta en las últimas horas y advirtió que de no haber una respuesta por parte de las autoridades convocarán a una movilización.

Según los datos oficiales difundidos en las últimas horas, más de 4 millones de prestaciones mínimas tendrán un aumento de entre el 5% y el 35% de acuerdo con su escala, mientras que 2,4 millones del escalón medio y máximo no recibirán ningún aumento.

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, negó el miércoles que se tratara de un «congelamiento». «Estamos pidiendo el acompañamiento del 5%, que son los que más cobran y consumen el 20% de los recursos», sostuvo en su exposición en Diputados. Así, la mínima de $14.068 y las categorías siguientes subirán hasta $19.068, pero solo por diciembre y enero. Un valor que tampoco alcanza a cubrir la canasta básica del adulto mayor, que se ubicó en $37.800 en octubre según la defensoría de la Tercera Edad, a cargo de Eugenio Semino.

El otro punto que quedó en la mira es la suspensión por 180 días de la Ley de movilidad (incluida la de algunos regímenes especiales) y su reemplazo por aumentos por decreto del Ejecutivo hasta tanto se elabore una nueva fórmula de actualización. El temor es que los próximos ajustes sean inferiores al previsto para marzo, de 11,57%, y al de junio, del orden del 15%. Los asesores de Fernández venían advirtiendo por la inercia en el aumento del gasto.

«Estamos verificando que se limita los derechos adquiridos de los jubilados con la excusa de cambiar una fórmula de movilidad», advirtió Semino, quien recordó la ola de juicios por el congelamiento ocurrido entre 2002 y 2007 y cuestionó el silencio de las principales centrales sindicales.