Por: Martín Zuleta, Abogado, Docente.

Un dato de la realidad indica que el 10 de diciembre de 2019, al asumir su mandato, Alberto Fernández no tenía un plan económico. Hemos dicho en otras columnas que la ausencia de un plan económico al inicio de la gestión terminó siendo irrelevante, dado que la pandemia ha echado por tierra todas las previsiones que hicieron los países para este 2020, y lo mismo hubiera ocurrido con el “no plan” del gobierno. No obstante ello se pretendió tapar la ausencia de plan económico con ideología política, impulsando la creación del Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad, y con el anuncio de la preparación de un proyecto para legalizar el aborto, dando señales políticas claras hacia los sectores duros del feminismo, al FMI y a Europa. En definitiva la crisis sanitaria jugó a favor del gobierno camuflando su incapacidad y otorgándole al presidente la posibilidad de ocupar un protagonismo casi exclusivo en la arena política elevando su imagen positiva de manera excepcional.

Al cabo de más de cien días de cuarentena -casi un tercio del año- el gobierno no ha podido mostrar un rumbo para la salida de la crisis, y las medidas adoptadas manifiestan el alto nivel de improvisación con el que se maneja. Se dice que para muestra sobra un botón, y en este sentido el ingreso familiar de emergencia (IFE) es una clara prueba. Presentado en sus comienzos como la gran respuesta del estado frente a la crisis económica generada por la pandemia y por la cuarentena, a sólo dos meses de su pomposo anuncio está por quedar limitado al AMBA, Chaco y Río Negro, como si en el resto de los distritos los sectores vulnerables, asalariados e informales ya hubieran superado los problemas de ingresos. El IFE generó tranquilidad en los sectores más golpeados ya que el presidente asumió el compromiso de mantenerlo durante todo el tiempo que fuera necesario, e incluso se comenzó a publicitar como el paso previo para un ingreso mínimo universal que está en estudio y que visto el giro repentino de las últimas semanas pasará al freezer por ser de cumplimiento imposible.

Golpeó muy fuerte a la opinión pública el dato de que más de 10 millones de personas se consideraran con derecho a acceder al beneficio y que casi 9 millones cobraron el primer pago. Esto representa la mitad de la población activa del país evidenciando que la economía nacional se mueve entre el asistencialismo y la informalidad, una realidad que la clase política no ha podido transformar. El gobierno había previsto en principio una erogación de $ 36.000 millones para atender el IFE y terminó desembolsando la cifra escalofriante de $ 90.000 millones, lo que llevó a introducir modificaciones para el cobro del segundo pago imponiendo a los beneficiarios exigencias innecesarias con el solo propósito de demorar pagos y de excluir de hecho a amplios sectores de la sociedad. La aventura improvisada se estrelló contra la realidad de un estado quebrado. Limitar el IFE significará un duro golpe para las provincias, ya que su importe se destina exclusivamente al consumo de los sectores más necesitados y por ende significa un fuerte impulso para la actividad económica. Para dar una idea, por la limitación del beneficio las familias sanjuaninas no contarán con unos $ 1.460 millones mensuales que la nación hizo llegar a San Juan por dicho concepto, lo que impactará fuertemente en la economía doméstica.

La lógica del gobierno para limitar el beneficio choca abiertamente con el relato comunicado de que es la pandemia y no la cuarentena lo ha derrumbado la economía. Si esto fuera así no se explica la limitación del beneficio para los lugares donde la cuarentena es estricta. Si la pandemia es la causante del derrumbe económico la extensión del beneficio debe mantenerse para todo el país en los términos comprometidos por el presidente hasta el fin de la misma. Vemos la inconsistencia del relato oficial y la improvisación de las medidas. Llama la atención que la ayuda se planea mantener en los distritos donde el oficialismo tiene un fuerte respaldo electoral y es de esperar una consolidación con miras a las elecciones del año próximo. Nuevamente el federalismo queda herido de muerte, ya que $ 45.000 millones de las arcas nacionales irán a sostener el asistencialismo en Buenos Aires con desmedro y un trato desigual a las provincias. El anuncio del pasado jueves de extender el beneficio por un mes más no cambia el escenario y es una muestra más del alto nivel de improvisación del gobierno. Marchas y contramarchas no hacen más que mostrar un gobierno desorientado.

El panorama de las provincial se agrava si tenemos en cuenta que la coparticipación federal también está sufriendo una fuerte caída. La recaudación de impuestos nacionales cayó abruptamente y la transferencia a las provincias vía coparticipación sufrió una merma total del 11,7% en términos reales -diferencia del importe nominal menos la inflación acumulada- en el mes de junio. En el mes de mayo había sido muy superior en orden al 24%. Esto afecta de manera muy desigual a los distritos y va a generar mayores niveles de caída de la actividad económica en las provincias más pobres cuyas economías son más dependientes de los fondos nacionales. En el mes de junio las provincias que mayor reducción de la coparticipación en términos reales sufrieron fueron Santa Fe y San Luis con un -15% y la que menos sintió el impacto fue justamente Buenos Aires con un -8,6%. San Juan y la Ciudad de Buenos Aires se ubicaron en el lote del promedio con una reducción real del -12% y del -11,5% respectivamente.

Los recursos recibidos vía coparticipación federal representan la principal fuente de ingresos de las provincias que se ubica en orden al 73% en promedio, pero si se toma provincia por provincia vemos una incidencia muy desigual. Por ejemplo, para Formosa la coparticipación representa el 93,4% de su presupuesto, para La Rioja el 90,9%, para Catamarca el 89,8%, para Chaco y Jujuy el 86,7%, para San Luis el 76,3%, y para San Juan el 79%. Como se advierte claramente, todos éstos distritos son altamente dependientes de los recursos nacionales y la caída de las transferencias las afecta mucho más, lo que debería tenerse en cuenta a los fines del mantenimiento del IFE para evitar una mayor caída de la actividad.

Hay otros datos que muestran claramente la impericia económica del gobierno de Alberto Fernández y que pareciera ser en este sentido una continuidad del macrismo. Las familias argentinas están altamente endeudadas, el 70% de los trabajadores cobra menos de $ 19.800 mensuales y las variables económicas muestran una fuerte caída del consumo, la inversión y la producción. Durante el primer trimestre del año y teniendo en cuenta que la cuarentena comenzó a regir el 18 de marzo, todos los indicadores económicos cayeron: consumo del sector privado -6,8%; inversiones -9,7%; exportaciones -13,4%; importaciones -7,6%; actividad económica en general -11,4%. Hay un solo índice que registró una suba y ese fue el consumo del sector público con un +1,6%. Es decir, sin pandemia ni cuarentena la economía continuó en caída libre.

También preocupa la emisión monetaria desmedida que está acelerando las expectativas inflacionarias. La principal fuente de ingresos del estado la constituye la emisión monetaria que es de las mayores que se ha registrado en la historia del país. El único asunto económico del que el gobierno se está ocupando afanosamente es el de la reestructuración de la deuda que a estas alturas no tendrá impacto en la economía real teniendo en cuenta el panorama internacional. Es de esperar que en el futuro inmediato las fronteras de los países tiendan a cerrarse y nos encontremos con gobiernos enfocados en reactivar sus economías domésticas y poco preocupados por aprobar desembolsos a países defaulteados.

La coyuntura descripta exige un gobierno ocupado en el diseño de un plan económico de emergencia y de mediano plazo para atender la post pandemia, y en cambio vemos una gestión que está más enfocada en brindar mensajes políticos y en abrir innecesariamente frentes de batalla ideológicos y culturales. Vicentin y la ley de alquileres son un claro ejemplo de ello. Un estado quebrado pretende hacerse cargo de una empresa concursada y entorpece las operaciones inmobiliarias encareciendo las locaciones y generando incertidumbre sobre los futuros ingresos de los propietarios. Las regulaciones en nuestro país no gozan de buenos antecedentes. Cada vez que el estado ha pretendido regular desmedidamente a las actividades económicas y productivas no sólo ha empeorado la situación económica sino que también ha producido fracturas en la sociedad.

Un camino podría ser el de intentar un gran acuerdo económico, político y social mediante una amplia convocatoria a todos los sectores sociales, pero esto parece imposible. San Juan le puede servir de ejemplo en este sentido, ya que el Acuerdo San Juan impulsado por el gobierno provincial es una buena medida. Se pueden marcar deficiencias tales como el de montar un excesivo protagonismo de funcionarios provinciales y municipales y escasa presencia de sectores sociales y políticos opositores. Los medios muestran sólo el desempeño de los alfiles del oficialismo y se puede pensar que la convocatoria está siendo utilizada para instalar figuras y potenciarlas para las elecciones del año próximo. Las conclusiones del acuerdo y su implementación o no revelarán las verdaderas intenciones del gobierno provincial.

La pandemia y la cuarentena no han hecho otra cosa que darle protagonismo a un oficialismo que no está dispuesto a abrir el juego. El presidente se siente cómodo en su rol de docente que dá lecciones montado en cifras que cada vez le son menos favorables y obteniendo el aplauso de la obsecuencia cómplice. El país necesita un liderazgo que sea capaz de pacificar a la sociedad y de generar los consensos políticos y sociales para encarar la post pandemia. Con reestructurar la deuda y cerrar filas con el kirchnerismo no alcanza.

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