Por: Martín Zuleta, Abogado, Docente.

Para entender la semana política que pasó debemos remontarnos al 9 de julio. El presidente, al conmemorar un aniversario más de nuestra independencia, se mostró acompañado por un grupo de importantes referentes del mundo económico y sindical. El objetivo era claro, mostrarse moderado y sobre todo dar un mensaje conciliador al mundo empresario y a ciertos sectores sociales que resistieron la pretensión del gobierno de intervenir y expropiar Vicentin. El caso de la cerealera se convirtió en un dolor de cabeza para el gobierno y, si bien todavía no podemos hablar de un desistimiento definitivo, el propio presidente ha reconocido como un error político la intervención y la pretendida expropiación mediante un argumento llamativo: pensó que la medida sería festejada por la gente. Un presidente debe ser el primer ciudadano en cumplir la constitución y las leyes y tiene el deber de hacerlas cumplir. Lo cierto es que la medida es manifiestamente inconstitucional y no hay apoyo popular que pueda justificar tamaño atropello contra la propiedad privada.

Insólitamente los buenos gestos de Alberto Fernández cayeron mal dentro de las filas del propio oficialismo y sobre todo en aquellos sectores duros vinculados con el kirchnerismo que salieron a cuestionar duramente al presidente. Hebe de Bonafini y la propia Cristina Kirchner fueron las encargadas de encabezar las críticas evidenciando que el presidente no es el conductor político del gobierno. Ambas cuestionaron la agenda política de Fernández que incluyó un acercamiento al empresariado y a la oposición de Juntos por el Cambio. Bonafini fue muy dura y se manifestó dolida con el presidente por haberse mostrado el 9 de julio junto a referentes empresarios a los que llamó “explotadores de los trabajadores y secuestradores de nuestros hijos”. Otro referente del kirchnerismo que se manifestó desilusionado fue el periodista Víctor Hugo Morales a raíz de la postura del gobierno argentino de condenar la violación de los derechos humanos en Venezuela ante la ONU.

Lo verdaderamente llamativo fue la postura que asumió Alberto Fernández. Según los dichos de Hebe de Bonafini la llamó en términos muy amorosos y le avisó que le contestaría públicamente, contestación que tuvo un estilo cordial. Con Víctor Hugo propició una salida al aire en su programa radial dando explicaciones de la postura sentada sobre el caso de Venezuela. En medio de una grave crisis sanitaria y económica ambos referentes merecieron especial atención del presidente quien no tuvo reparos semanas atrás en manifestar públicamente que no sabía lo que pensaba la oposición, que no había escuchado sus críticas sobre el caso Vicentin. Merecieron más atención los voceros del kirchnerismo que los representantes de la oposición.

En medio de las críticas por el acto del 9 de julio el lunes se llevaron a cabo dos reuniones del presidente con la oposición, y esas críticas sin dudas condicionaron el diálogo sobre todo porque Alberto aprovechó la juntada para salir en defensa de Cristina y acusar un uso político de la muerte de su ex secretario. La actitud presidencial fue hacer frente a las críticas de la vicepresidente demostrando su lealtad. El homicidio del ex secretario privado de Cristina volvió a poner en el centro de la escena política la corrupción kirchnerista, y Alberto Fernández encontró en la reunión con los opositores la oportunidad de redimirse con Cristina saliendo en su defensa mostrándose más preocupado por reclamar el abandono de los embates opositores que por la grave situación económica y social.

Lamentablemente se desperdició una gran oportunidad de avanzar sobre el acuerdo de las medidas necesarias para enfrentar la crisis económica y la post pandemia; sobre la mesa se expusieron más críticas y reproches que medidas concretas. Al convite opositor faltaron con aviso los legisladores que responden a Carrió por entender que el debate y consenso debe darse en el ámbito del congreso. Al final los hechos le darían la razón. Fue un desperdicio de tiempo y lo que quedó en evidencia es que la crisis de la clase política es una crisis de confianza. El oficialismo no ha sido capaz de despertar la confianza necesaria para proponer consensos y ello se debe principalmente al pensamiento pendular del presidente y a las ya conocidas maniobras de Cristina.

Una de las principales críticas manifestadas en el encuentro por la oposición -con Máximo Kirchner presente- fue la deslealtad del kirchnerismo con Cristina a la cabeza puesta de manifiesto en el manejo de la agenda parlamentaria en el Senado. En ambas cámaras el oficialismo y la oposición acordaron que durante la crisis sanitaria, y hasta tanto se pudiera sesionar con normalidad, sólo serían tratados temas relativos a medidas vinculadas con la pandemia. Fiel a su estilo, la vicepresidente incumplió el acuerdo y habilitó el tratamiento de proyectos que poco tienen que ver con la crisis sanitaria. A esto se le sumaron manejos sospechosos en el sistema de conteo de votos y quórum con llamativas desconexiones repentinas en las sesiones virtuales. Imposible llamar a consensos sin generar confianza.

La oposición de Juntos por el Cambio tampoco contribuyó. Ante el llamado del presidente reclamaron una reunión separada del resto de los bloques opositores por entender que al ser la oposición mayoritaria necesitaba una especie de encuentro bilateral. Esta actitud fue muy mal recibida por parte del resto de la oposición y muy bien aprovechada por el oficialismo que se encargó de endilgar a Juntos por el Cambio la responsabilidad por tamaño menosprecio. El oficialismo necesita consensos, pero la oposición también los necesitará para contener los embates kirchneristas cuando se normalice la actividad parlamentaria, y por ello la actitud de Juntos por el Cambio podría empujar a los bloques minoritarios hacia el oficialismo. Pero queda claro que en política nadie da un paso de manera inocente. Alimentar la grieta sigue siendo la estrategia del macrismo para posicionarse electoralmente, y qué mejor que ofrecerle a la sociedad una especie de “ellos o nosotros”, donde ellos serían también los opositores funcionales al gobierno. La urna ya empieza a ocupar la cabeza de la dirigencia.

La principal reunión transcurrió entre reproches cruzados donde unos reclamaban más diálogo, el respeto de los acuerdos parlamentarios y un freno a la vicepresidente, y el presidente llamaba a mesura y  a evitar un aprovechamiento político del asesinato del ex secretario privado. Poco se habló de lo que espera la sociedad y únicamente trascendió que el presidente enviaría al congreso una serie de medidas para su tratamiento sin especificar cuáles serían tales medidas manteniendo la incógnita sobre el posible plan económico del gobierno o si en definitiva tiene uno. Sin embargo, para calmar la ansiedad de los actores económicos, el presidente se encargó de operar mediáticamente para dar a conocer parte del posible paquete y se conoció que están en estudio una moratoria impositiva para los sectores más golpeados, un nuevo blanqueo de capitales y un aumento de partida presupuestaria para atender planes de asistencia social. El problema es el mismo, sin confianza será muy difícil avanzar. Proponer un blanqueo de capitales después de haber cuestionado el blanqueo de la anterior gestión es casi un sinsentido y por ello se teme que la medida esté encaminada a favorecer nuevamente a los amigos del poder. Una autorización del congreso para volcar mayores recursos presupuestarios al asistencialismo puede darle al gobierno una poderosa herramienta política con miras a las próximas elecciones. El kirchnerismo ha demostrado tener éxito en convencer a amplios sectores de la sociedad que es un derecho recibir sin dar nada a cambio y transformar el asistencialismo en votos cautivos. En este contexto la única medida razonable es la moratoria impositiva para tratar de levantar la recaudación.

La semana política también ha estado marcada por dos datos fundamentales: la inflación y el aumento de contagios. El INDEC dio a conocer que la inflación del mes de junio fue superior a la estimada por el gobierno y por los analistas privados, lo que suma un problema adicional sobre todo por la excesiva emisión monetaria que presiona sobre el índice inflacionario y sobre el valor del dólar. Una inflación desmedida puede terminar desmoronando la economía de las familias y empujando a muchos argentinos a la pobreza.

Por otro lado, el aumento alarmante de los casos de contagio ha colocado al gobierno en una encrucijada dejando claro a estas alturas que priorizar la salud descuidando la economía no era el camino. Con una economía en estado crítico y una sociedad hastiada de cuarentena el gobierno tuvo que dejar de lado su retórica y acelerar el levantamiento de las restricciones. Haber decretado una cuarentena total anticipada en todo el territorio nacional por más de cien días sin dudas fue un grave error, sino no se explica que en pleno pico de contagios el gobierno la abandone siendo que su discurso, con bajísimos contagios, era priorizar la salud. Dijimos en otras columnas que el gobierno era precozmente optimista y que mostrar al presidente exponiendo a la cuarentena como modelo criticando a nuestros vecinos le podía jugar una mala pasada. Parafraseando a Perón podemos decir que la única verdad es la realidad, y en este caso la realidad mató al relato. Lo razonable era testear masivamente y contener la pandemia mediante restricciones diferenciadas teniendo en cuenta el nivel de contagios. Una cuarentena de cien días con parate total de la economía en provincias como San Juan, Catamarca, Santa Fe y tantas otras fue una medida exagerada y en tales distritos podemos afirmar que la cuarentena decretada por el gobierno -no la pandemia- fue la causa del debacle económico.

La semana política demostró que el poder real continúa en manos de Cristina, y que cada vez que el presidente pretende dar pasos inconsultos con el kirchnerismo sus referentes salen a marcarle la cancha. Las manifestaciones públicas de algunos allegados a Cristina que han salido a llamar a “bancar al presidente” no hacen más que poner en evidencia que se encuentra cada vez más solo. Con un massismo en silencio y con gobernadores peronistas incapaces de enfrentar al kirchnerismo, sólo José Luis Gioja, presidente del PJ nacional, parece haber entendido el camino que debe encarar Alberto Fernández al ofrecer que asuma la presidencia del partido para fortalecer su gestión. Montarse al frente del PJ y respaldarse en el massismo es el último recurso que le queda para disputarle el poder a Cristina, ya que es lo único que posibilitará el respaldo de otros sectores peronistas republicanos para pensar en un relanzamiento de la gestión post pandemia sumando el apoyo del Duhaldismo, del Lavagnismo y otros referentes. Conformar un nuevo equipo de gobierno con figuras alejadas del kirchnerismo es la señal que esperan el  mundo económico y amplios sectores de la sociedad.

Acceder

Registro

Restablecer la contraseña

Por favor, introduce tu nombre de usuario o dirección de correo electrónico y recibirás por correo electrónico un enlace para crear una nueva contraseña.